Colombia da un paso significativo en la modernización de su legislación sobre protección de datos personales con la reciente presentación ante la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que reformula parcialmente la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Esta iniciativa, resultado de la colaboración entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), busca robustecer el marco jurídico existente y adaptarlo a la era digital.

Las ministras de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, y de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, junto con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, presentaron formalmente el proyecto. Este es el fruto de extensas jornadas académicas lideradas por la SIC, donde se analizaron a fondo las deficiencias del marco legal actual y se elaboraron las propuestas de reforma.

La evolución de la economía digital y el vertiginoso avance tecnológico han transformado radicalmente el tratamiento de datos personales desde la promulgación de la Ley 1581 de 2012. La reforma, lejos de generar un nuevo marco regulatorio, se centra en la actualización del existente. Como se indica en el documento presentado al Congreso, la reforma se alinea con las mejores prácticas internacionales, inspirándose en referentes como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la Ley General de Protección de Datos Personales de Brasil (LGPD), pero también incorpora los aprendizajes de la experiencia colombiana, las decisiones de la Corte Constitucional y la década de experiencia de la Autoridad de Protección de Datos Personales.

Confianza y transparencia: pilares de la nueva normativa

La superintendente Cielo Rusinque destaca la necesidad imperiosa de proteger los datos personales en la globalización de la economía. La innovación, la inteligencia artificial y el comercio electrónico demandan una urgente adaptación del marco legal para afrontar los nuevos desafíos. La meta es generar confianza en los inversores, establecer reglas claras para la protección de derechos fundamentales en el ámbito digital y reforzar la protección de los ciudadanos colombianos, expandiendo el alcance de la ley de datos.

Rusinque enfatiza la intención de asegurar que incluso los agentes internacionales que procesen datos de colombianos respondan por el tratamiento adecuado de dicha información. Por su parte, la ministra Olaya resalta el impulso a la innovación y la investigación científica que supone esta ley, poniendo al servicio de la ciudadanía los avances científicos. Se celebra la articulación gubernamental que moderniza la legislación y reconoce la especial protección que requieren los datos personales, permitiendo a cada ciudadano controlar el uso de su información y exigir explicaciones ante cualquier impacto algorítmico en sus oportunidades.

Puntos clave del proyecto de ley:

—Ampliación del ámbito de aplicación: La ley se aplicará a cualquier tratamiento de datos que ocurra en territorio colombiano, independientemente de la residencia del responsable del tratamiento.

—Integración de conceptos de tecnologías emergentes: Se incorporan definiciones específicas para tecnologías como el procesamiento automatizado de datos y la creación de perfiles, reconociendo la capacidad de la tecnología para analizar, evaluar, predecir, clasificar y tomar decisiones basadas en datos personales.

—Principios actualizados: Se incluye el principio de responsabilidad demostrada y se refuerza el principio de transparencia en el manejo de la información.

—Protección reforzada para menores: Se permite el tratamiento de datos de mayores de 14 años con su consentimiento, pero se mantienen las obligaciones del Estado, la sociedad y las instituciones educativas de informar y capacitar sobre los riesgos y beneficios. Además, se prohíbe la creación de perfiles de menores de 18 años con fines comerciales o que puedan perjudicar su desarrollo.

—Bases legales ampliadas para el tratamiento de datos: Se amplían las condiciones que legitiman el tratamiento de datos más allá del consentimiento explícito.

—Fortalecimiento institucional: Se potencian las funciones de la Procuraduría General de la Nación y la SIC como garantes de la protección de datos personales, tanto en el sector público como privado.

—Sanciones más robustas: Se incrementan las multas hasta 10.000 salarios mínimos mensuales legales, con un criterio alternativo basado en el 5% de los ingresos operacionales del infractor.

—Regulaciones para transferencias internacionales: Se exige que los países receptores de datos personales garanticen niveles adecuados de protección o medidas adicionales.

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