El gobierno colombiano ha expresado su profunda inconformidad ante la decisión de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien es requerido por la justicia colombiana por presuntos delitos comunes. Nicaragua justificó su decisión argumentando que González es un perseguido político, amparándose en el derecho internacional al asilo para quienes enfrentan persecución por delitos políticos o comunes conexos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió un comunicado enfatizando el derecho internacional al asilo, asegurando que ningún extranjero puede ser expulsado o devuelto a un país donde su vida o libertad estén en riesgo debido a su raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas.
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Colombia, a través de sus Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, rechazó la decisión nicaragüense, argumentando que González enfrenta un proceso penal por delitos comunes, y que la concesión de asilo contraviene el Tratado de Extradición firmado entre ambos países en 1929. El gobierno colombiano recalcó su respeto por el derecho al asilo, pero enfatizó que este no aplica en casos de presuntos delitos comunes.
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, atribuyó la decisión de Nicaragua a dos factores: la tensa relación entre los gobiernos de Petro y Ortega, y la participación de González en la lucha contra la dictadura de Somoza como miembro del M-19, integrado posteriormente al Ejército Popular Sandinista.
En un comunicado oficial, el gobierno colombiano reiteró su reconocimiento al derecho de asilo, pero aclaró que este no procede cuando existen motivos fundados para creer que se han cometido delitos comunes. Señaló que González enfrenta un proceso penal en Colombia por delitos como cohecho, peculado y lavado de activos, y solicitó a Nicaragua reconsiderar su decisión para permitir que González se someta a la justicia colombiana con todas las garantías procesales.
El 3 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura de González por su presunta participación en un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía lo acusa de haber direccionado contratos para obtener recursos ilícitos destinados a sobornar a congresistas a cambio de la aprobación de proyectos de ley.
La investigación indica que González habría ordenado la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos a dos congresistas, utilizando fondos de un contrato para la compra de carrotanques destinados a comunidades indígenas de La Guajira. Este dinero, según la Fiscalía, se destinó a sobornar a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
La orden de captura se emitió debido a la preocupación de que González pudiera interferir en la investigación y evadir la justicia.
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