Ya hace más de 10 años venimos denunciando las afectación y expulsión por las afectaciones del Plan Aeropuerto, sobre las localidades de Engativá y Fontibón que se ha convertido realmente en el epicentro de una disputa por el territorio en Bogotá. Bajo la promesa de consolidar una “ciudad aeroportuaria”, el Distrito Capital ha impulsado la Actuación Estratégica del Distrito Aeroportuario (AEDA), una figura del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que redefine más de 740 hectáreas para el desarrollo logístico, comercial e industrial en torno al Aeropuerto El Dorado. El alcalde Carlos Fernando Galán firmó el decreto 290 en el 2024 que da vía libre al desarrollo del Distrito Aeroportuario con las afectaciones a Engativá y Fontibón, y con el argumento del fortaleciendo el crecimiento económico para posicionar a Bogotá como la ciudad portuaria más importante de Latinoamérica.

La adopción de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Engativá (AEDA Engativá)
hace parte de la reglamentación de 25 actuaciones estratégicas y se complementará con la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario. Estas dos piezas se integran a uno de los programas más ambiciosos de nuestra ciudad: “Bogotá Ciudad Portuaria”.

Aunque la narrativa oficial insiste en que este proceso traerá progreso, conectividad y empleo, muchas voces ciudadanas y desde nuestro medio de comunicación caminando sobre el territorio hemos alertado sobre los riesgos de una transformación urbana que, en la práctica, ha significado desarraigo, precarización y desplazamiento silencioso.

Desde 2022 hasta 2025, se han intensificado las denuncias por parte de colectivos barriales, juntas de acción comunal y organizaciones sociales que cuestionan no solo la manera en que se ha llevado a cabo la socialización de la AEDA, sino también las consecuencias tangibles que ya se están viviendo en algunos sectores. En barrios como Villa Carmenza, Santa Cecilia, La Cofradía y El Tintal y otros en las dos localidades,  los vecinos han visto cómo se modificaron los usos del suelo residencial a suelo industrial o logístico sin que mediara consulta previa ni procesos pedagógicos suficientes para entender el impacto de dichas decisiones.

Uno de los mecanismos más controversiales ha sido la presión indirecta que sienten los habitantes para vender sus propiedades. Aunque el Distrito afirma que no habrá expropiaciones, muchos residentes —especialmente adultos mayores— han recibido visitas de intermediarios que ofrecen comprarles sus casas “antes de que el valor baje”. Al mismo tiempo, ha aumentado el impuesto predial en algunas zonas, mientras que el valor comercial de los predios disminuye debido a la reconfiguración territorial. Esta situación ha sido interpretada por la comunidad como una forma de expulsión encubierta: no se obliga a nadie a irse, pero las condiciones hacen cada vez más difícil permanecer.

El 25 de julio de 2023, en la urbanización La Cofradía, se organizó uno de los eventos más significativos de resistencia comunitaria. Convocado por el concejo de Bogotá y líderes locales, el encuentro territorial reunió a ciudadanos de ambas localidades para expresar su rechazo a las formas de implementación de la AEDA. Allí se denunció la falta de garantías para la permanencia de los habitantes tradicionales y se propuso la conformación de una mesa técnica que permitiera hacer seguimiento ciudadano a los avances del proyecto.

A lo largo de 2024 y ya en 2025, varias de estas alertas se han hecho públicas en medios independientes como Bogotá Social, la  Revista Hekatombe y el Semanario Voz, donde se han documentado testimonios de personas que han tenido que abandonar sus viviendas por no poder sostener los nuevos costos o por temor a quedar atrapadas en una zona en transición sin claridad jurídica. El caso más reciente se dio en sectores cercanos a la Avenida Ciudad de Cali, donde familias que han vivido por más de 30 años denuncian que sus derechos no han sido tenidos en cuenta frente a los intereses de desarrolladores y operadores logísticos privados.

Lo que está en juego, según las organizaciones comunitarias, no es solo el uso del suelo, sino el modelo de ciudad que se quiere construir. Para muchas personas en Engativá y Fontibón, la AEDA representa una visión excluyente, funcional al mercado y poco comprometida con la vida cotidiana de quienes habitan y cuidan esos territorios. Frente a ello, la resistencia ha tomado múltiples formas: talleres comunitarios, manifestaciones pacíficas, acciones jurídicas, estrategias de comunicación popular y, sobre todo, la defensa del arraigo y del derecho a vivir dignamente donde se ha construido comunidad por generaciones.

Hoy, en 2025, la defensa del territorio en Engativá y Fontibón continúa siendo una bandera de lucha para cientos de personas que se niegan a ser tratadas como un “obstáculo” en el camino del desarrollo. Exigen participación real, garantías jurídicas, control ciudadano sobre las decisiones urbanísticas y respeto por sus formas de vida. Su mensaje es claro: el futuro no puede construirse sobre el despojo.