¿Puede una eventual  mesa de diálogo con jóvenes que hagan parte de organizaciones de naturaleza criminal, plantearse como  herramienta e en aras de  reducir la violencia letal en una ciudad como Barranquilla, donde la criminalidad parece haberse incrustado de manera sistemática en el día a día ciudadano? A la luz de los datos, conjugados estos con  algunas de las experiencias recientes que se manifiestan  en Medellín y Buenaventura (desde sus luces y sus sombras) la respuesta es totalmente afirmativa.

A manera de contexto, resulta necesario plantear que Barranquilla cerró el año 2024 con 486 homicidios, alcanzando una fatídica tasa de 59,7 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas entre las grandes ciudades del país (111 más que en 2023, lo que implica un aumento del 23 %). Solo en enero de 2025, se registraron 96 asesinatos, una cifra que supera los índices de violencia  comparadas con zonas que sufren con más fuerza los rigores del conflicto armado como el Catatumbo. En este mismo sentido, De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Nacional de 2025, en marzo se contabilizaron 34 homicidios en Barranquilla, lo que representa una disminución de solo  dos casos en comparación con el mismo mes del año 2024. ¿Qué hacer cuando la acción de tipo punitiva que deviene  del Estado se muestra insuficiente y por tanto la violencia sigue escalando?

En contraste, la política de Paz Total abrió la puerta a treguas con bandas criminales que se tradujeron en descensos notables de homicidios en otras urbes: Medellín y Cali vieron reducciones del 16 % y 7 %, respectivamente, de acuerdo con la Policía Nacional. En medio de este flujo de contrastes la ciudad se inscribe en  un panorama de cinco años donde la escalada de asesinatos ha llevado a figurar entre las ciudades más violentas de América Latina.

Durante lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Barranquilla  reporta un total de 440 homicidios producto de enfrentamientos entre estructuras criminales como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, cuya disputa se centra en el control de rentas ilegales asociadas al narcotráfico, la extorsión, el microcrédito ilegal y los sicariatos. Las autoridades han capturado a 160 actores criminales durante este periodo, destacándose la reciente detención de William Enrique Vizcaíno Herrera, alias ‘El Menor’, cabecilla de ‘Los Costeños’, implicado en masacres, lavado de activos y extorsión.

¿En términos generales, ¿Quién delinque en Barranquilla?

  • Jóvenes entre 15 y 29 años, Según el DANE y Medicina Legal, esta población concentra más del 50% de los sindicados por delitos como homicidio, hurto y tráfico de drogas.
    ➤ Perfil: baja escolaridad, desempleo, escaso acceso a oportunidades formales.
  • Hombres en situación de pobreza urbana , el 90% de los detenidos por homicidio son hombres, en su mayoría provenientes de barrios marginales con bajo acceso a bienes públicos.
  • Personas que integran estructuras delincuenciales organizadas —como ‘Los Costeños’ o ‘Los Pepes’ (entre otras) — muchas veces con roles específicos: reclutadores, sicarios, cobradores, expendedores.

La experiencia de Medellín nos ofrece una pista. Allí, la implementación de mesas de diálogo con estructuras armadas urbanas en 2023 y 2024 permitió una reducción sostenida de los homicidios. De 526 asesinatos en 2023 se pasó a 441 en 2024. La tendencia se mantiene: entre enero y abril de 2025, Medellín ha registrado 7 homicidios, con más de 50 días consecutivos sin asesinatos, cifras impensables hace apenas cinco años.(Medicina Legal , 2025)

Buenaventura, otro referente clave, logró reducir en un 46% los homicidios en 2024 tras el inicio de una tregua entre los grupos “Shottas” y “Espartanos”. Aunque la tregua se rompió en enero de 2025, el impacto inicial fue contundente. No se trató simplemente de cesar el fuego: el proceso implicó pactos sociales, mediación comunitaria y el compromiso estatal con proyectos de desarrollo territorial.(Medicina legal , 2025)

Anclar la mesa a bajo las luces de un marco jurídico claro.

Aplicar la Ley 2272/22 (Paz Total) para emitir un acto administrativo especial que habilite diálogo, sometimiento y justicia restaurativa con bandas urbanas; incluir un decreto distrital que defina incentivos, mecanismos de verificación y evita “portazos” judiciales que frustraron Buenaventura

Estos resultados no son casualidad. Se explican desde tres categorías analíticas clave:

1. Seguridad humana integral

La reducción de homicidios no depende exclusivamente de operativos policiales. Requiere políticas centradas en las personas: educación, salud mental, oportunidades laborales y acompañamiento psicosocial. Es decir, dejar de ver al joven armado solo como un enemigo del orden y empezar a entenderlo como resultado de la exclusión sistemática.

2. Justicia restaurativa aplicada

En contextos urbanos, el castigo sin reparación ni reconocimiento del daño perpetúa el ciclo de violencia. Los procesos en Medellín y Buenaventura incluyeron mecanismos restaurativos donde se reconocieron derechos de las víctimas, se priorizó el cese del reclutamiento de menores y se abrieron rutas de salida para los actores armados.

3. Gobernanza local participativa como eje articulador

El éxito de estos procesos se sostuvo sobre una base comunitaria sólida. La mediación de iglesias, líderes barriales, universidades y observatorios ciudadanos permitió construir confianza donde el Estado había fracasado. No se trata solo de firmar acuerdos, sino de garantizar su implementación desde los territorios.

El anuncio del presidente Petro de iniciar un proceso similar en Barranquilla ha despertado escepticismo y oposición. Sin embargo, no actuar es igual a resignarse al crecimiento del crimen organizado juvenil. La paz urbana no es ingenuidad, es política de seguridad inteligente.

Los datos respaldan esta apuesta. Las cifras, cuando se miran en perspectiva, no solo muestran que es posible bajar los homicidios y de paso también las extorsiones . Muestran que es urgente intentarlo. Barranquilla merece vivir sin miedo. Pero para ello, primero debe atreverse a dialogar.

Elaboración propia

Barranquilla ya pagó 486 facturas de sangre el año pasado; cada una nos costó una vida y parte de nuestro futuro. Pero la Ley 2272 nos recuerda que dialogar no es claudicar, es invertir: invertir en empleos que valen más que mil operativos y en un tablero de datos que nos mida, sin mentiras, cada paso hacia la vida. Si Medellín pudo encadenar 50 días sin homicidios, ¿por qué este puerto caribeño no habría de amanecer sin disparos? La paz urbana no se decreta: se conversa, se siembra y se navega, juntos, hasta desembocar en dignidad.

Los ejemplos recientes prueban que la paz urbana es más que una quimera: Medellín redujo sus homicidios de 526 en 2023 a 441 en 2024 (-16 %) y cerró el primer cuatrimestre de 2025 con apenas siete casos, gracias a una mesa que combinó pactos de no agresión con oportunidades laborales y verificación comunitaria; Buenaventura, por su parte, logró un descenso inicial del 46 % y hasta picos de 70 % durante la tregua Shottas-Espartanos cuando el gobierno, la Iglesia y la ONU acompañaron proyectos sociales y un mecanismo de monitoreo. Ambas experiencias demuestran que, cuando la institucionalidad ofrece incentivos creíbles y la comunidad vigila el cumplimiento, incluso los territorios capturados por economías ilegales pueden revertir la espiral de sangre.