Una cifra que estremece: 60.000 millones de pesos. Un objetivo crucial: la erradicación manual de cultivos ilícitos. Y una trama que ha desatado una profunda crisis institucional, enfrentando al Presidente Abelardo de la Espriella con los más altos mandos de la Policía Nacional. La adjudicación de este millonario contrato se ha convertido en el epicentro de un escándalo que expone no solo las complejidades de la lucha antidrogas, sino también las tensiones en el corazón del poder estatal.
Un Contrato de $60.000 Millones que Desató la Tormenta
La génesis de este torbellino reside en la adjudicación de un contrato por 60.000 millones de pesos para erradicación de cultivos ilícitos. La Unión Temporal EMF 2026 fue seleccionada el 31 de agosto de 2026. Este proceso, crucial para la política antidrogas, había sido declarado desierto meses antes por la Dirección de Antinarcóticos al no cumplir ninguna de las tres propuestas iniciales los requisitos. Sin embargo, en un giro inesperado, esa declaratoria fue revocada, abriendo la puerta a EMF 2026 y encendiendo las alarmas.
La trascendencia de esta operación radica en su impacto directo sobre la política antidrogas del país, un pilar fundamental en la estrategia de seguridad y desarrollo. La rapidez con la que se revirtió una decisión previamente establecida, sumado a la magnitud de los recursos involucrados, ha generado un profundo escepticismo sobre la transparencia y la legitimidad del proceso de adjudicación.
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El Laberinto Jurídico: De Desierto a Adjudicado en Tiempo Récord
La cronología del proceso contractual revela complejidades notables. La convocatoria, lanzada en abril de 2026, buscaba personal y logística. Una primera revisión en mayo inhabilitó a todos los proponentes. En una segunda evaluación, EMF 2026 satisfizo requisitos técnicos y económicos, pero falló jurídicamente por la acreditación de Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga, uno de sus integrantes. Reclamos por inconsistencias financieras se sumaron, culminando el 3 de junio con la reiteración de propuestas no habilitadas.
El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, formalizó la declaratoria de desierto el 23 de junio. No obstante, EMF 2026 presentó un recurso de reposición el 8 de julio. Sorprendentemente, el 31 de agosto, el Comité de Adquisiciones recomendó apartarse de la evaluación jurídica inicial. Ese mismo día, la Dirección de Antinarcóticos revocó su decisión y adjudicó el contrato a la misma unión temporal por 60.000 millones de pesos, en un giro que generó gran controversia.
Sombras del Pasado: Conexiones Empresariales Bajo Escrutinio
La controversia se intensifica al examinar la composición de EMF 2026. El 50% pertenece a Transworld Solutions Logística Colombia S. A. S., constituida en mayo de 2024. Su representante legal, Rafael Hernán Barrera Hurtado, también representa a Transworld Solutions S. A. S. (antes Interlogística Services S. A. S.), que integró la Unión Temporal Global Allianz Group, contratista de erradicación durante el gobierno de Iván Duque. A pesar de tener NITs distintos, comparten representante legal y número telefónico, sugiriendo un vínculo innegable con actores del pasado en la contratación pública.
Aunque estas conexiones no prueban propiedad directa, la mención de Carlos Adolfo Niño Vargas añade complejidad. Este empresario ha sido señalado por sus relaciones con contratistas de defensa. En junio de 2024, se reportaron reuniones entre Niño y Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia. Una red de 23 sociedades, vinculadas a familiares y personas de confianza de Niño, ha sido identificada en negocios estatales que superan los 600.000 millones de pesos, evidenciando su recurrente presencia en la contratación pública.
La Intervención Presidencial y la Crisis en la Cúpula Policial
La magnitud del contrato no pasó desapercibida. Tras la adjudicación, el contrato quedó en un limbo. El Presidente De la Espriella, al conocer los detalles, pidió una revisión exhaustiva de la viabilidad jurídica. Ante la demora, EMF 2026 interpuso una tutela. La Dirección de Antinarcóticos admitió que el expediente estaba en el Dapre para análisis. Su director, Carlos Andrés Ríos Puerta, habría concluido que no existían impedimentos, y el contrato fue firmado el 8 de octubre de 2026. El juzgado declaró superada la controversia, sin pronunciarse sobre la legalidad.
La trama escaló hasta el director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera Peña. Según trascendidos, el Presidente lo confrontó directamente por el contrato durante un viaje. Barrera Peña explicó que autorizó el avance tras recibir información del general Castaño sobre la urgencia, aunque sostuvo desconocer los pormenores. Este episodio, según fuentes del Gobierno, habría deteriorado seriamente la relación entre el mandatario y la cabeza de la institución policial.
Un Panorama Nacional Complejo: Cifras Alarmantes y Precedentes
El contrato, firmado el 8 de octubre de 2026, dejaba un margen de poco más de dos meses para su ejecución efectiva. Este apretado cronograma plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de cumplir los objetivos de erradicación, el número real de hectáreas que podrán ser intervenidas y los mecanismos de verificación. La eficacia de una inversión de tal magnitud en un plazo tan limitado es un punto de preocupación central.
La historia de la erradicación manual en Colombia no está exenta de controversias. Contratos anteriores ya habían sido objeto de observaciones de la Contraloría General, que cuestionó la modalidad contractual. Estos antecedentes elevan el nivel de escrutinio sobre el presente acuerdo.
Además, el panorama general es desalentador. Cifras del SIMCI de Naciones Unidas revelan un preocupante aumento de las hectáreas de coca en Colombia, de 143.000 en 2020 a 261.000 en 2024. Paralelamente, la erradicación forzosa ha disminuido drásticamente. Si bien estas cifras no pueden atribuirse directamente a un contrato específico, sí enmarcan el debate sobre la efectividad de las políticas antidrogas y la eficiencia del gasto público.
Preguntas Abiertas y el Futuro de la Erradicación en Colombia
La Procuraduría General de la Nación, actuando de manera preventiva, había solicitado información sobre el proceso desde el 5 de junio de 2026, subrayando la necesidad de una supervisión rigurosa en la contratación estatal. Aunque el organismo aclaró que su intervención no implicaba una orden de adjudicación, su presencia resalta la importancia de la transparencia en cada etapa.
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La controversia que rodea el contrato de 60.000 millones de pesos para la erradicación manual de cultivos ilícitos deja un reguero de interrogantes. Persisten dudas sobre la transparencia, las conexiones empresariales y la efectividad de una inversión tan considerable en un plazo reducido. Este episodio no solo pone a prueba la solidez de las instituciones colombianas, sino que también interpela la confianza ciudadana en la gestión de recursos públicos y en la estrategia para combatir uno de los flagelos más arraigados del país.
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