En una movida que ha desatado un verdadero terremoto político, el presidente Gustavo Petro se atribuyó la reducción de la jornada laboral en Colombia durante una reciente conversación con el popular streamer Westcol. El mandatario aseguró que, gracias a su gestión, ahora el trabajo después de las 6:00 p.m. implica recargos y horas extras.Petro fue categórico al afirmar que la productividad debe traducirse en tiempo libre para los ciudadanos. «Puede usted empezar a bajar la edad de pensión, puede ampliar vacaciones, puede reducir la jornada de trabajo, que es lo que yo hice», sentenció el presidente, encendiendo la mecha de la controversia.
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Sin embargo, estas declaraciones no tardaron en provocar una ola de indignación y críticas feroces por parte de la oposición. Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, no dudó en acusar al jefe de Estado de desconocer las leyes del país.Desde Armenia, la influyente política colombiana fue contundente: «Petro no lee ni las leyes: fue el Centro Democrático el que redujo la jornada laboral». Valencia recalcó que su partido es el verdadero artífice de esta medida y prometió proteger a mujeres cabeza de familia y trabajadores informales.
La candidata presidencial fue más allá, asegurando que su colectividad también impulsó la actual licencia de maternidad. Cuestionó directamente al presidente Petro y al influencer, sugiriendo un desconocimiento profundo de la legislación vigente.Paloma Valencia enfatizó: «A los colombianos se les olvidó que quienes redujimos la jornada laboral en Colombia para que las familias puedan tener más tiempo juntas fuimos nosotros, los del Centro Democrático. Escucho a Petro y a algunos influencers decir que fue él. ¿Será que no lee las leyes?»En sus declaraciones, Valencia también delineó su visión de gobierno, prometiendo una política social robusta para las mujeres colombianas. Además, aseguró que no olvidará a los comerciantes independientes e informales del país.»Vamos a desarrollar una política social enfocada en ayudar a la mujer colombiana, así como a todos los comerciantes independientes e informales del país, quienes necesitan protección y acceso al crédito. Buscamos un equilibrio entre el espacio público y el derecho a progresar», afirmó.
Otras Voces que Desmienten a Petro
Las afirmaciones del presidente también generaron una respuesta inmediata de la congresista María Fernanda Cabal. La parlamentaria señaló que Petro no puede atribuirse una medida que fue gestada y aprobada durante una administración anterior, reiterando el papel del Centro Democrático.Cabal recordó que la reducción de la jornada laboral está contemplada en la Ley 2101 de 2021, una iniciativa clave impulsada por su partido. Esta ley estableció la disminución paulatina de la jornada máxima, pasando de 48 a 42 horas semanales sin afectar salarios.»Petro no le queda bien apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por nuestro partido Centro Democrático que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales sin disminuir el salario», sentenció la congresista con vehemencia.En las redes sociales, numerosos usuarios respaldaron la postura de Cabal, recalcando que la idea de reducir la jornada fue promovida bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Acusaron al actual mandatario de desinformar a la opinión pública.
El centro del debate reside en la aplicación gradual de la Ley 2101 de 2021, sancionada durante el gobierno de Iván Duque. Esta normativa busca mejorar el bienestar de los empleados sin afectar sus ingresos, con un cronograma claro de implementación.Desde el pasado 15 de julio de 2024, la jornada laboral en Colombia pasó de 47 a 46 horas semanales, en estricto cumplimiento del cronograma. El objetivo final es alcanzar las 42 horas semanales para el año 2026, consolidando un cambio significativo para los trabajadores.El expresidente Uribe ha defendido constantemente la reducción de la jornada laboral como un logro innegable. Resalta que esta medida fundamental otorga a los trabajadores más tiempo valioso para su vida personal y familiar, un beneficio que ahora es objeto de disputa política.
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