Jornadas extensas, falta de espacios privados y condiciones de seguridad hacen parte de lo que busca regular un proyecto de ley radicado por la representante huilense Flora Perdomo. La iniciativa plantea nuevas obligaciones para los organizadores de reinados, certámenes y festivales folclóricos, además de controles, sanciones y hasta la suspensión de eventos cuando exista un riesgo grave para los participantes.

Por: Brayan Smith Sánchez

Brayan.sanchez@lanacion.com.co 

Los reinados de belleza y certámenes en Colombia tendrán que ponerse el cinturón. Un proyecto de ley busca ponerles reglas a estos eventos para evitar jornadas extensas para las candidatas, exigir espacios adecuados, camerinos que garanticen su privacidad, atención médica y psicológica y mejores condiciones de seguridad. 

La iniciativa fue radicada por la representante a la Cámara por el Huila, Flora Perdomo, y va más allá de fijar condiciones para las participantes. 

“Con esta iniciativa buscamos garantizar la protección de los derechos, la dignidad y la integridad física, mental y emocional de las candidatas, reinas y sus parejas, así como incorporar medidas de prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género en el desarrollo de estos certámenes”, sostuvo la representante Perdomo. 

El proyecto establece obligaciones para los organizadores de reinados, certámenes de belleza, festivales folclóricos y demás eventos culturales, y los responsabiliza de garantizar la dignidad, integridad física, mental y emocional, privacidad, descanso, salud, seguridad y bienestar de los participantes. También les entrega a las entidades territoriales funciones de inspección y vigilancia.

La propuesta incluso contempla suspender un evento cuando las autoridades identifiquen un riesgo grave para quienes participan.

También establece que los reinados, certámenes, festivales y demás actividades culturales deberán contar con mecanismos para prevenir y atender casos de violencia, acoso y discriminación, especialmente aquellos relacionados con violencias basadas en género.

Los municipios tendrán control

Los departamentos y municipios, a través de las secretarías competentes, serían responsables de ejercer funciones de inspección, vigilancia y seguimiento sobre estos eventos que se desarrollen en sus territorios.

Antes de autorizar un evento, las autoridades tendrían que verificar que los organizadores cuenten con un protocolo contra las violencias basadas en género.

La propuesta establece que ese protocolo sería necesario para acceder a apoyos institucionales, obtener permisos o utilizar escenarios públicos.

Cuando se presenten incumplimientos, estos entes podrían adoptar diferentes medidas administrativas, desde requerimientos de mejora hasta la suspensión temporal de actividades. Y en casos de riesgo grave, podrían suspender el reinado, certamen de belleza o evento cultural.

La iniciativa también contempla multas “cuando la ley así lo establezca” y restricciones para acceder a recursos públicos o celebrar convenios con la entidad territorial.

Protección durante todo el evento

Las condiciones para las candidatas ocupan una parte importante de la propuesta.

Los organizadores tendrían que diseñar agendas razonables, con tiempos mínimos para descanso, alimentación, hidratación y recuperación física, evitando jornadas excesivas que puedan afectar la salud.

También tendrían que garantizar espacios privados para el cambio de vestuario, atención médica y acompañamiento psicológico y psicosocial para atender situaciones de estrés, ansiedad, violencia o afectaciones emocionales. Además, se establece que deberá regularse el acceso de terceros a estas zonas y proteger la información y la imagen de quienes participan.

La medida también busca establecer quién puede ingresar a estos espacios y bajo qué condiciones.

También se plantean protocolos de seguridad para desfiles, pasarelas, camerinos y eventos públicos. Estos deberán contemplar elementos como barreras físicas, control de acceso, iluminación adecuada, rutas seguras y personal capacitado para prevenir riesgos y situaciones de violencia.

Otro de los cambios que se lee en el documento tiene que ver con las denuncias. Los entes territoriales tendrían que habilitar canales confidenciales para que cualquier participante pueda reportar vulneraciones a sus derechos sin riesgo de represalias.

Las autoridades deberían garantizar atención inmediata y articular las actuaciones con las entidades competentes.

Además, los organizadores tendrían que documentar e informar las acciones implementadas para garantizar los derechos de los participantes, permitiendo hacer seguimiento.

La intención es que las denuncias no queden únicamente en manos de los organizadores.

Un informe después

Los organizadores tendrían que elaborar un informe de evaluación dentro de los tres meses posteriores a la finalización del evento. Allí deberían quedar registrados los riesgos identificados, los incidentes ocurridos y las recomendaciones para futuras versiones. Ese informe tendría que ser socializado. 

Además, las administraciones territoriales tendrían que promover capacitaciones dirigidas a organizadores, patrocinadores, jurados, coordinadores y participantes sobre derechos humanos, prevención de violencias basadas en género, salud mental y enfoque de cuidado.

La representante Flora Perdomo aseguró que la iniciativa busca garantizar la protección de los derechos, la dignidad y la integridad física, mental y emocional de las candidatas, reinas y sus parejas, así como incorporar medidas de prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género.

Según el proyecto, estas situaciones no obedecen únicamente a conductas individuales, sino también a la falta de estándares institucionales de cuidado.

Si la iniciativa avanza en el Congreso, los organizadores de estos eventos tendrían que responder por mucho más que la programación, los patrocinadores, las candidatas y la coronación.