Cuatro personas terminaron privadas de la libertad luego de ser sorprendidas, al parecer, cuando intentaban cobrar una extorsión a una reconocida empresa comercializadora de productos cárnicos en la Zona Industrial de Neiva. El caso, que se venía gestando desde julio, habría incluido amenazas, panfletos, mensajes y un grafiti utilizado para hacer creer a las víctimas que detrás de las exigencias económicas estaría una estructura armada.

Cuatro personas que venían realizando exigencias económicas a una reconocida empresa comercializadora de productos cárnicos en la Zona Industrial de Neiva fueron privadas de la libertad luego de una operación que adelantó el Gaula de la Policía para interceptarlos cuando, al parecer, pretendían recibir el dinero acordado con los propietarios del establecimiento.

Entre los señalados se encuentran dos adultos y dos adolescentes de 15 y 16 años, quienes habían sido utilizados para facilitar algunas de las acciones relacionadas con la extorsión.

El inicio de las intimidaciones

Todo comenzó en julio de este año, cuando los administradores de la compañía empezaron a recibir mensajes y comunicaciones que fueron aumentando la presión sobre ellos. Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, inicialmente ascendían a 100 millones de pesos.

Los responsables de las intimidaciones habían asegurado pertenecer a una estructura armada ilegal, identificándose como integrantes del frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo. Bajo esa supuesta pertenencia, exigían el pago del dinero y advertían sobre posibles represalias contra las instalaciones de la empresa, sus vehículos y los trabajadores.

Grafitearon un portón

Con el paso de los días, las amenazas no se habrían limitado a llamadas o mensajes. Los señalados habrían recurrido a fotografías, videos y otros elementos para aumentar la presión sobre los comerciantes. Incluso, un grafiti con las letras ‘Farc Ep’ apareció pintado en el portón de la empresa.

El episodio habría sido registrado por los propios responsables. Según la información conocida dentro de las pesquisas, quienes realizaron la pintada grabaron un video mientras intervenían el acceso al establecimiento y posteriormente lo enviaron por WhatsApp a los propietarios.

El material habría tenido como propósito demostrar que las amenazas podían convertirse en acciones concretas y generar temor entre los afectados. Además, advertían la activación de artefactos explosivos.

Solicitaron ayuda a las autoridades

Ante la sucesión de mensajes y amenazas, los responsables de la empresa decidieron acudir a las autoridades. La denuncia permitió que investigadores del Gaula comenzaran a reconstruir la manera en que se estaban produciendo las comunicaciones e identificar a las personas que estarían detrás de las exigencias.

Durante las labores de seguimiento, los investigadores habían establecido que los dos adultos señalados, identificados como Diego Armando Sánchez Roa y José Gabriel Sunce Bravo, presuntamente no actuaban solos.

Instrumentalizaban menores

Las averiguaciones apuntaron a que ambos habrían instrumentalizado a dos adolescentes de 15 y 16 años para cumplir algunas de las tareas relacionadas con la extorsión. Los menores, según las autoridades, habrían sido utilizados para entregar panfletos y comunicaciones atribuidas al supuesto grupo armado, además de participar en las acciones encaminadas a recoger el dinero.

La utilización de los adolescentes habría permitido a los adultos mantener cierta distancia de algunas de las actividades desarrolladas frente a la empresa. También se investiga su participación en la coordinación de la entrega del dinero y en la posterior entrega de un supuesto ‘paz y salvo’ que sería suministrado a las víctimas una vez se concretara el pago.

Negociaron el pago

Mientras avanzaba el proceso de intimidación, la cantidad inicialmente reclamada habría cambiado. Los 100 millones de pesos exigidos en un comienzo fueron reducidos posteriormente a 70 millones luego de diferentes negociaciones.

La suma debía ser entregada, según las instrucciones recibidas por las víctimas, en el departamento del Cauca. Sin embargo, el trabajo de los investigadores permitió coordinar una entrega controlada en Neiva, con el propósito de identificar y capturar a quienes acudieron a recibir el dinero.

Les tendieron una trampa

Para las víctimas, la operación representaba una oportunidad para poner fin a las exigencias sin exponerse directamente a los presuntos extorsionistas. Con acompañamiento del Gaula, se acordó la forma en que se realizaría la entrega.

El momento decisivo llegó en una Zona Industrial de la capital del Huila. Allí fueron citadas las personas que pretendían recibir el dinero.

Los investigadores prepararon un paquete con los billetes de diferentes denominaciones. La escena se desarrolló como si se tratara de una entrega normal, mientras los uniformados permanecían atentos a los movimientos de los sospechosos.

Cuando los señalados acudieron al punto acordado, los integrantes del Gaula intervinieron y materializaron las capturas de los dos adultos y la aprehensión de los dos adolescentes.

El procedimiento se produjo en flagrancia, según las autoridades. En medio de la operación fueron incautados cinco teléfonos celulares, una motocicleta y un vehículo, los cuales eran utilizados para dicha acción criminal, por lo que harán parte del material recopilado dentro del proceso.

Tras el operativo, Diego Armando Sánchez Roa y José Gabriel Sunce Bravo fueron puestos a disposición de la Fiscalía y posteriormente presentados ante jueces con función de control de garantías.

Fueron procesados

La Fiscalía Seccional Huila les imputó, de acuerdo con la presunta participación que les atribuye, los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Ninguno de los dos aceptó los cargos formulados. Durante las audiencias, el togado determinó que los adultos deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

A los dos adolescentes, por tratarse de menores de edad, les fue ordenada una medida de internamiento preventivo en un centro especializado, mientras las autoridades competentes determinan su situación dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Tenían anotaciones

Según la información suministrada, los dos adolescentes tenían registros relacionados con porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado, mientras que los dos adultos registraban anotaciones por concierto para delinquir, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

Frente al caso, concluyó el coronel Álex Andrés Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva: “Este resultado refleja el compromiso de nuestra Policía Nacional para enfrentar la extorsión y proteger a nuestros empresarios y ciudadanos. Invitamos a denunciar oportunamente cualquier amenaza o exigencia económica a través de la línea 165, porque ante la extorsión, no pague, denuncie”.