Dos fiscalías federales de Estados Unidos han puesto en marcha investigaciones penales independientes contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta información, de alto impacto, ha sido confirmada por tres fuentes directas que prefirieron mantener su anonimato, dada la naturaleza sensible de las diligencias en curso. Las revelaciones prometen sacudir los cimientos de la política regional. Estas investigaciones no son un asunto menor y podrían tener profundas implicaciones.
Las pesquisas están siendo llevadas a cabo por las fiscalías del Distrito Sur y del Distrito Este de Nueva York, con sedes en Manhattan y Brooklyn, respectivamente. En ambos casos, fiscales especializados en narcotráfico internacional colaboran estrechamente con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), lo que subraya la seriedad de los cargos que se examinan. La implicación de estas agencias federales de élite indica la envergadura del caso.
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Según las mismas fuentes, los expedientes están examinando, entre otros elementos cruciales, si el presidente Petro mantuvo encuentros con narcotraficantes. Además, se indaga si su campaña presidencial solicitó o recibió donaciones de este sector ilícito, un punto que podría desatar un escándalo sin precedentes. Las investigaciones se encuentran en etapas iniciales, y aún es pronto para determinar si culminarán en acusaciones formales.
El contexto que rodea este caso es complejo y ha sido objeto de intensa atención mediática en Colombia. Diversos medios han documentado intentos de individuos con vínculos en el tráfico de estupefacientes de canalizar recursos hacia Petro, incluso a través de su propio hijo. El hijo del presidente llegó a admitir ante la justicia colombiana que dinero de origen ilícito ingresó a la campaña de 2022, aunque la fiscalía colombiana no ha formulado cargos contra el mandatario hasta la fecha. Petro, por su parte, ha negado cualquier irregularidad, calificando las acusaciones de motivaciones políticas.
Escándalo en Colombia: Reacciones y Acusaciones Explosivas
Desde el Congreso de Estados Unidos, las reacciones no se han hecho esperar, con declaraciones que elevan la tensión. “Esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista Gustavo Petro”, afirmó Carlos A. Giménez, político estadounidense de origen cubano y miembro del Partido Republicano. A través de su cuenta de X, Giménez acusó a Petro de haber causado daño al país y advirtió a los colombianos que la izquierda “solo trae violencia”.
Giménez ha expresado en el pasado su profunda preocupación por la política de “Paz Total” de Petro y los cambios en la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y extradición. Desde la perspectiva de legisladores estadounidenses como Giménez, estos cambios debilitan la histórica alianza de seguridad y lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia, poniendo en riesgo la estabilidad regional.
La candidata presidencial Paloma Valencia también se pronunció, enfatizando la necesidad de que Estados Unidos continúe investigando para llegar al fondo de la situación. “Y que le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente con el narcotráfico”, declaró en su cuenta de X, exigiendo transparencia y verdad. Valencia añadió que la política de Paz Total es “una muestra de la complacencia del gobierno con el delito”, una crítica recurrente de su parte hacia la administración actual.
Tensiones y Deshielo con Estados Unidos: Un Vistazo al Pasado Reciente
A estas declaraciones se sumaron las del expresidente Donald Trump, quien a finales de 2024 advirtió a Petro que debía “cuidarse” y lo acusó de inundar el mercado estadounidense de cocaína. Trump ya había calificado al mandatario colombiano de “hombre enfermo”, lo que subraya las profundas fricciones entre ambos líderes. Las tensiones entre ambos gobiernos habían escalado progresivamente, marcando un período de gran incertidumbre bilateral.
En enero de 2025, Petro bloqueó vuelos militares estadounidenses con deportados colombianos, una decisión que revirtió solo tras amenazas de aranceles. En septiembre de ese mismo año, Washington anuló la visa de Petro durante la Asamblea General de la ONU, después de que este instara a soldados norteamericanos a desobedecer órdenes de Trump en una concentración en Nueva York. A su vez, bombardeos de la armada estadounidense contra embarcaciones señaladas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental llevaron a Petro a acusar al gobierno de Trump de cometer asesinatos, elevando la retórica a niveles críticos.
Sin embargo, a inicios de 2026, se registró un inesperado deshielo en las relaciones. El 7 de enero, Trump y Petro sostuvieron su primera llamada telefónica, mediada por el embajador colombiano en Washington y el senador republicano Rand Paul. Trump la calificó como un “gran honor” y Petro como “histórica”, sentando las bases para una nueva etapa. Semanas después, Petro realizó una visita oficial a la Casa Blanca, simbolizando un aparente borrón y cuenta nueva.
Precedentes Judiciales y el Incierto Futuro de Petro
La práctica judicial de Estados Unidos ha sido, históricamente, esperar a que los mandatarios abandonen el poder antes de presentar cargos y solicitar extradiciones. Este fue el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado por delitos de narcotráfico a pocas semanas de dejar el cargo en 2022. Hernández fue juzgado y condenado a 45 años de prisión, una pena que Trump conmutó a finales de 2025, sentando un precedente significativo.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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