La Corte Constitucional ha dado un golpe de timón trascendental al aprobar, con significativas modificaciones, el proyecto de ley estatutaria que obligará a los congresistas a rendir cuentas al finalizar cada legislatura. Una medida que busca inyectar transparencia en el corazón del poder legislativo.Según la sentencia C-028 de 2026, bajo la ponencia del magistrado Vladimir Fernández, el tribunal avaló la mayor parte de la normativa, pero declaró inconstitucionales varios apartados cruciales sobre financiación y difusión mediática. Esto significa un cambio radical en cómo los legisladores interactúan con los medios.
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¡Adiós a los Privilegios! La Corte Corta Alas a la Difusión Mediática de Congresistas
La decisión más impactante elimina el acceso “libre y gratuito” de los congresistas a los medios públicos y comunitarios para difundir sus informes. La Corte determinó que esta prerrogativa no superaba el principio de necesidad, poniendo fin a una ventaja que generaba controversia. Además, quedó sin efecto la disposición que hacía recaer en los legisladores o bancadas la responsabilidad de “garantizar los recursos” para sus espacios de diálogo público. Ahora, la carga de la difusión recae directamente en ellos, sin el respaldo institucional previo.
Este proyecto, identificado como Ley Estatutaria 157 de 2023 Cámara – 273 de 2024 Senado, se erige como un pilar fundamental para la democracia participativa. Su objetivo es consolidar la rendición de cuentas como un mecanismo esencial de transparencia entre el Congreso de la República y la ciudadanía. La nueva normativa exige que cada parlamentario presente, en los diez días hábiles posteriores al cierre de legislatura, un informe de gestión detallado. Este documento deberá ser digital, de datos abiertos y redactado en un lenguaje claro, abarcando iniciativas legislativas, intervenciones y otras actividades.
Transcurrida la publicación del informe, la ley impone la obligación de convocar, en un plazo máximo de 30 días, un espacio de diálogo público. Este encuentro, que podrá ser virtual o presencial, permitirá al congresista explicar su informe y responder a las preguntas de la sociedad civil. El alto tribunal ha confirmado que la propuesta cumplió con todos los requisitos de las leyes estatutarias, incluyendo los cuatro debates en una única legislatura y las mayorías absolutas. Con los cambios impuestos, el texto deberá regresar al Congreso para ser ajustado y, posteriormente, enviado al presidente para su sanción final.
La Reforma Pensional: Un Drama Judicial que Mantiene a Colombia en Vilo
Mientras tanto, la Corte Constitucional se enfrenta a una nueva y preocupante demora en la decisión sobre el futuro de la reforma pensional. El país entero observa con expectación un proceso que se ha convertido en un verdadero culebrón judicial.
La aceptación del impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente original del caso, y la reasignación de la ponencia a la magistrada Paola Andrea Meneses, ha desatado una reconfiguración inesperada. Este giro retrasa aún más una definición que, según expertos, será determinante para el proyecto más emblemático del Gobierno de Gustavo Petro. La reciente admisión de la limitación de Ibáñez implica una extensión significativa de los tiempos judiciales. La nueva ponente tendrá que retomar y revisar parte del voluminoso expediente elaborado hasta ahora, añadiendo incertidumbre a un tema que afecta a millones de colombianos. Si la decisión de fondo de la Corte Constitucional concluye que hubo vicios en el trámite legislativo de la reforma, el proyecto se verá obligado a regresar a la Cámara de Representantes para un nuevo debate. De lo contrario, si supera este escrutinio, la reforma entrará en vigor, y la Corte se centrará en los artículos específicamente demandados.
Es crucial recordar que el 26 de enero de 2026, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República presentó formalmente una recusación contra Jorge Enrique Ibáñez Najar. El motivo: una entrevista en la que el magistrado habría expresado su postura frente al tema, lo que fue interpretado como un prejuzgamiento. La Presidencia argumentó que esas declaraciones podían afectar la neutralidad del proceso, una situación de extrema gravedad tratándose del magistrado ponente. En la recusación se lee: “Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre varios temas, como la reforma pensional”. Ibáñez, cuya trayectoria en este expediente incluyó la presentación de tres ponencias que proponían declarar inexequible la reforma, formalizó su impedimento con un escrito de cinco páginas. En él, reconoció que podría haber incurrido en la causal de impedimento, pero contextualizó sus palabras. Señaló que la entrevista fue realizada en calidad de presidente de la Corte, en respuesta a la fuerte mediatización y tras la filtración de su ponencia, la cual ya había motivado una recusación anterior. «El trámite del Expediente D-15.989 ha sido objeto de una cobertura mediática intensa y sostenida, en cuyo desarrollo se ha divulgado públicamente, sin intervención de mi Despacho, tanto el sentido de los proyectos de fallo que presenté a la Sala Plena como el resultado de las deliberaciones que sobre ellos se han surtido”, cita el texto.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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