Un aberrante caso de vulneración de derechos contra una menor de edad con discapacidad cognitiva conmociona al departamento del Huila. Las autoridades judiciales han formalizado la acusación contra Henry Rojas Artunduaga, señalado de someter a vejámenes sistemáticos, amenazas de muerte y coacción psicológica a la víctima en el sur de Neiva, en un expediente que expone la gravedad del abuso y la necesidad urgente de fortalecer las rutas de protección infantil.
La Fiscalía General de la Nación presentó un denso material probatorio ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Neiva, donde se detallan los episodios violentos que padeció la joven desde que tenía 14 años. La investigación indica que el procesado aprovechaba los momentos de soledad de la menor para abordarla en su propia vivienda, infundidos con intimidaciones directas hacia su núcleo familiar.
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Patrón de intimidación y manipulación en el hogar
El modus operandi expuesto durante las audiencias preliminares y de acusación revela una crueldad metódica. De acuerdo con los elementos recolectados por la Fiscalía Catorce Seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas), los vejámenes habrían iniciado en septiembre de 2023 en el barrio Bosques de San Luis.
El acusado presuntamente ingresaba al inmueble cuando la niña quedaba sin la compañía de sus adultos responsables. Valiéndose de la fuerza física y del aprovechamiento de la condición de discapacidad cognitiva de la víctima, procedía a ejecutar los actos delictivos mientras la amenazaba con segar la vida de su madre si intentaba pedir auxilio o romper el silencio.
Tras cometer las agresiones, el sospechoso intentaba encubrir sus acciones ofreciendo pequeñas sumas de dinero en efectivo a la afectada, buscando manipular su percepción y silenciar las conductas reprochables. Esta dinámica de coacción psicológica y chantaje económico se repitió de manera consecutiva, perpetuando un ambiente de terror absoluto en el entorno más íntimo de la menor.

La prueba genética y el descubrimiento del embarazo
El punto de quiebre en este dramático escenario ocurrió semanas después de que la víctima cumpliera sus 15 años, cuando se confirmó que se encontraba en estado de gestación. Al conocer la noticia, el imputado habría intentado presionar para que la menor interrumpiera el embarazo, llegando a ofrecer sustancias farmacológicas en presencia de la progenitora para evitar ser descubierto por las autoridades.
A pesar de la fuerte presión ejercida por el agresor, la familia decidió no ceder a las exigencias y continuar con el proceso de gestación, lo que derivó en el nacimiento del bebé a finales de 2024. Este hecho desencadenó la fuga inicial del sospechoso de la vivienda, pero también abrió la puerta para la intervención inmediata de las instituciones del Estado.
Entre los elementos materiales probatorios más contundentes anunciados para el juicio oral destaca el informe pericial de genética forense. Las muestras biológicas recolectadas e investigadas por los expertos establecieron un cotejo de ADN definitivo entre el imputado, la víctima y el recién nacido, constituyendo una evidencia científica crucial e irrefutable para el ente acusador.
Acción institucional y captura del procesado
La ruta de atención a víctimas se activó formalmente gracias a la denuncia instaurada por la Defensora Segunda de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La entidad estatal procedió con la denuncia tras verificar el estado de vulneración extrema y los reportes médicos que confirmaban los abusos sistemáticos contra la adolescente.
Tras un arduo trabajo de seguimiento y recopilación de testimonios por parte de la policía judicial, Henry Rojas Artunduaga fue capturado y puesto a disposición de un juez de control de garantías. Durante las diligencias iniciales, se legalizó la captura y se le imputó el delito de acceso carnal violento, cargo que el individuo decidió no aceptar.
No obstante, atendiendo a la gravedad del delito y al riesgo inminente que representaba para la víctima y su entorno familiar, el despacho judicial determinó dictar medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. La decisión busca garantizar que el imputado no interfiera en el proceso de justicia ni ejerza nuevas presiones o amenazas sobre los afectados.
Contexto y desafíos de la protección infantil en Neiva
El flagelo de la violencia sexual en la capital del departamento del Huila ha encendido de manera persistente las alarmas de los organismos de control y organizaciones de derechos humanos. Los entornos residenciales, paradójicamente, continúan siendo escenarios recurrentes donde menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad resultan expuestas a agresores que se aprovechan de relaciones de confianza.
Los informes institucionales subrayan la importancia crucial de la denuncia oportuna ante entidades como el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y las comisarías de familia. La rápida activación de los protocolos de atención integral es vital no solo para encarcelar a los responsables, sino para brindar asistencia psicológica, médica y social inmediata a los sobrevivientes y sus familias.
La protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad requiere un esfuerzo coordinado aún mayor por parte de la sociedad y el Estado. La vulnerabilidad amplificada que sufren estas personas exige un acompañamiento permanente y una vigilancia rigurosa que impida que situaciones de maltrato se extiendan en el tiempo sin recibir una sanción penal ejemplar.
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Con el escrito de acusación ya presentado formalmente, el proceso penal se encamina hacia la fase de juicio oral. La comunidad y las instituciones judiciales esperan que el desarrollo de las audiencias culmine con una sentencia justa que garantice la reparación integral de la víctima, restablezca sus derechos fundamentales y envíe un mensaje contundente de cero tolerancia frente a la violencia contra la niñez en todo el territorio nacional.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.






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