La trágica muerte de Kevin Acosta, un niño de apenas siete años con hemofilia, ha sacudido a Colombia, convirtiéndose en el más doloroso símbolo de las profundas fallas de su sistema de salud. Su fallecimiento, el pasado 13 de febrero, tras casi dos meses sin un medicamento vital, ha desatado una ola de indignación nacional sin precedentes. Este caso ha provocado un amargo cruce de acusaciones entre el Gobierno y la familia del menor, abriendo la puerta a posibles investigaciones penales y disciplinarias que podrían redefinir la rendición de cuentas en la salud pública del país. La historia de Kevin no es solo una tragedia personal, sino un grito de alerta sobre la burocracia que puede costar vidas. Su caso expuso de forma cruda las deficiencias en la entrega de tratamientos de alto costo, especialmente en las EPS intervenidas por el Estado. Se ha abierto un debate nacional urgente sobre la responsabilidad de un sistema que dejó morir a un menor que dependía de un fármaco mensual para su supervivencia.
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La Batalla Desigual por un Medicamento Vital
Kevin padecía hemofilia, una enfermedad genética y crónica que impide la correcta coagulación de la sangre, haciendo que cualquier golpe o hemorragia interna sea una amenaza mortal. Su vida dependía de un tratamiento preventivo con emicizumab, un fármaco biológico conocido como Hemlibra, capaz de reducir drásticamente los episodios hemorrágicos. Este medicamento, fundamental para su supervivencia, debe suministrarse mensualmente y cada dosis tiene un costo que oscila entre los 15 y 35 millones de pesos. Sin él, el riesgo de hemorragias graves se multiplica exponencialmente, incluso sin traumatismos. La familia de Kevin denunció que el niño estuvo dos meses completos sin recibir su dosis vital, a pesar de las incesantes solicitudes a la Nueva EPS.

Un Laberinto Burocrático con Consecuencias Mortales
La pesadilla administrativa comenzó el 31 de diciembre, cuando la Nueva EPS puso fin al convenio con la IPS encargada de suministrar el medicamento que mantenía vivo a Kevin. La familia fue entonces remitida a otro proveedor, pero el nuevo contrato también terminó de forma abrupta, dejando al niño en un limbo mortal. Durante semanas, la desgarradora respuesta que recibió la madre fue siempre la misma: “tocaba esperar porque no había contrato”. Sin un proveedor activo, el medicamento que Kevin necesitaba para vivir simplemente no fue entregado. Ante la imposibilidad de adquirir el costoso fármaco por sus propios medios, Kevin quedó a merced de la autorización y entrega de la EPS. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció con indignación: “Kevin fue una víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud”.

El Accidente que Desencadenó la Tragedia Final
La vida de Kevin dio un giro fatal cuando sufrió una caída en bicicleta que le provocó un golpe en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde, según el desgarrador testimonio de su madre, la atención inicial fue deficiente y pasó horas críticas sin recibir el tratamiento adecuado. “Me lo demoraron 24 horas sin medicamentos, sin atención, solamente con oxígeno”, denunció la madre, evidenciando una negligencia que podría haber sido clave. Aunque llegó estable, su estado se agravó drásticamente durante la noche debido a la ausencia del medicamento especializado que tanto necesitaba. El traslado a Bogotá, que podría haber sido su salvación, se autorizó cuando su condición ya era irreversible. Kevin falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, dejando un vacío irreparable y un sinfín de preguntas sin respuesta.

La Controversia y la Respuesta del Gobierno
La muerte de Kevin resonó hasta el Consejo de Ministros del 16 de febrero, donde el presidente Gustavo Petro se refirió al caso, exigiendo una investigación exhaustiva. “Dos causas agravantes: el que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae”, afirmó el mandatario, desatando una fuerte polémica. Petro también subrayó la necesidad de establecer responsabilidades individuales: “Hay que investigarlo. Si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento”. En un giro aún más controvertido, hizo referencia a la prevención: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas”. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que el fallecimiento estuvo asociado al trauma sufrido por el menor. “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, dijo.

La Desgarradora Reacción de una Madre Indignada
Las declaraciones del Gobierno provocaron la reacción inmediata y furibunda de Yudy Katerine Pico, la madre de Kevin, quien rechazó tajantemente que la muerte de su hijo se atribuyera a un simple accidente o a una supuesta falta de cuidado. “El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades… no lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave”, afirmó con dolor y rabia, defendiendo la vida normal que buscaba para su hijo. La mujer insistió con vehemencia en que la única y verdadera causa de la muerte de su hijo fue la ausencia del medicamento vital: “No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente… el niño murió por falta de un medicamento”. Según la madre, el sistema de salud siempre estuvo al tanto del paradero del niño y de su diagnóstico crítico. La falta de suministro, asegura, obedeció exclusivamente a barreras administrativas y a la ausencia de contratos vigentes con los proveedores.

¿Justicia para Kevin? Investigaciones en Marcha
La trágica muerte de Kevin Acosta no quedará impune. Juristas de todo el país advierten que este caso podría derivar en graves investigaciones disciplinarias y penales contra los responsables de la negligencia. Se busca determinar quiénes fallaron en su deber de proteger la vida de un niño que solo pedía el derecho a un tratamiento. La sociedad colombiana exige respuestas y justicia, esperando que la muerte de Kevin marque un antes y un después en la atención a las enfermedades huérfanas y en la responsabilidad del sistema de salud.



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