El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido admitir a trámite 20 casos de cristianos extranjeros, en su mayoría misioneros, a quienes se les impidió regresar a Turquía. Las autoridades turcas los señalaron como una supuesta “amenaza a la seguridad” por el simple hecho de vivir y compartir su fe en el país.Estos procesos involucran a creyentes que residían legalmente en Turquía durante décadas. De manera repentina, fueron clasificados como un riesgo por el gobierno turco, sin acusaciones formales ni garantías reales de defensa. Organizaciones de libertad religiosa alertan que estas medidas reflejan un patrón de discriminación contra los cristianos.

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Códigos de Seguridad Bloquean a Misioneros Cristianos

Desde 2019, las autoridades turcas han implementado códigos internos, como los denominados “N-82” y “G-87”. Estos se utilizan para bloquear el reingreso de trabajadores cristianos tras viajes al exterior o para negar la renovación de visados y permisos de residencia.En la práctica, estas designaciones impiden el retorno al país sin explicación oficial ni posibilidad de apelación efectiva. Las consecuencias han sido la ruptura de familias, ministerios e iglesias que dependían del servicio de estos líderes espirituales.

ADF International Denuncia Persecución Religiosa

Según la organización jurídica internacional ADF International, alrededor de 160 trabajadores extranjeros, incluyendo pastores, docentes y misioneros, se vieron directamente afectados por estas medidas. A esta cifra se suman sus familias, estimándose que centenares de creyentes han sufrido prohibiciones de entrada vinculadas a su testimonio cristiano.Para la entidad, el único elemento común entre los afectados es la predicación del Evangelio. Esto sugiere un escenario de persecución religiosa en Turquía más que verdaderas amenazas contra el orden público.

Historias de Misioneros Expulsados Tras Décadas de Servicio

Entre los casos más notorios se encuentran Pam y Dave Wilson, quienes sirvieron en Turquía durante casi 40 años antes de ser excluidos del país. También están Rachel y Mario Zalma, impedidos de regresar tras asistir a una conferencia cristiana, y el pastor David Byle, forzado al exilio después de 19 años de ministerio.Estas historias evidencian cómo decisiones administrativas, basadas en argumentos genéricos de seguridad, han desmantelado proyectos de vida construidos durante décadas por familias misioneras dedicadas a su fe.

Informes Alertan sobre Violaciones a la Libertad de Culto

Un reporte de violaciones a la libertad religiosa, publicado en 2024 por la Asociación de la Iglesia Protestante, indicó que 132 cristianos extranjeros recibieron códigos de prohibición de entrada exclusivamente por su fe. En total, 303 personas resultaron afectadas por estas restricciones.La organización advirtió que muchas congregaciones quedaron sin liderazgo estable, debilitando aún más a una comunidad cristiana ya pequeña dentro de un país de mayoría musulmana.

El TEDH Podría Reconocer un Patrón Sistemático

La Dra. Lidia Rider, asesora jurídica de ADF International, afirmó que «la adoración pacífica y la participación en la vida de la iglesia no representan amenazas a la seguridad nacional». Sin embargo, explicó que los creyentes fueron etiquetados como riesgo basándose en expedientes confidenciales.»Sin acceso a las acusaciones, no tuvieron una oportunidad significativa de defenderse en los tribunales. La decisión del TEDH de examinar estos casos es un paso crucial hacia la responsabilidad y la reparación», sostuvo Rider.Desde la organización, remarcaron que al analizar los procesos de forma conjunta, el Tribunal reconoce la posibilidad de un patrón de discriminación religiosa. Kelsey Zorzi, directora de Libertad Religiosa Global de ADF International, señaló que la expectativa es que la corte reafirme que ningún gobierno puede privar a las personas de sus derechos por practicar su fe, conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos.

Libertad Religiosa, Familias Separadas y Futuro Incierto

Los expedientes presentados ante el TEDH plantean fuertes preocupaciones sobre la vulneración de garantías fundamentales. Entre ellas, la libertad de culto, el derecho a la vida familiar y la protección contra la discriminación.Mientras el proceso avanza en el tribunal europeo, numerosos misioneros continúan separados de sus comunidades. Su labor ministerial se ve interrumpida por restricciones justificadas por motivos de seguridad que, según denuncian las organizaciones cristianas, carecen de evidencia concreta.

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