Lo que debía ser la máxima autoridad de tránsito y movilidad en Pitalito terminó convirtiéndose, según la Fiscalía General de la Nación, en una auténtica maquinaria delictiva. El exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte (Intrapitalito), William Iván Rojas Giraldo, junto a un grupo de catorce implicados entre funcionarios, agentes, contratistas y tramitadores, afrontan un histórico juicio oral acusados de convertir las dependencias gubernamentales en el centro de operaciones de una red criminal perfectamente estructurada.

Las investigaciones sacaron a la luz una elaborada maniobra mediante la cual los involucrados habrían manipulado bases de datos, borrado multas, expedido documentos fraudulentos y hasta sustraído vehículos inmovilizados para comercializarlos ilegalmente. Este escándalo no solo sacude las estructuras administrativas del Huila, sino que evidencia hasta qué punto se vulneraron la fe pública y la transparencia institucional durante el periodo comprendido entre los años 2022 y 2024.

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El entramado criminal que convirtió la entidad en un mercado negro

Según el escrito de acusación radicado por la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva, al interior de Intrapitalito funcionaba una estructura jerárquica con pretensiones de permanencia y roles asignados de forma precisa. Lejos de cumplir con sus funciones legales de control y regulación, los procesados habrían diseñado una lucrativa ‘empresa criminal’ dedicada al cobro de sobornos y a la alteración sistemática de trámites administrativos.

Entre las irregularidades más escandalosas detectadas por los investigadores destaca la desactivación deliberada de las cámaras de seguridad en las instalaciones. Esta táctica permitía a varios miembros del grupo sustraer de los patios automotores y motocicletas que se encontraban bajo custodia oficial, los cuales eran devueltos fraudulentamente a sus propietarios a cambio de jugosas sumas de dinero o vendidos directamente en el mercado negro.

A esta serie de arbitrariedades se sumaba el borrado masivo de comparendos en el sistema oficial. La red cobraba a los infractores para eliminar del registro oficial los reportes de tránsito, ocultando o destruyendo los elementos probatorios de las faltas, tales como informes de patrulla y registros físicos, impidiendo así cualquier cobro o sanción por parte del Estado.

Directivos, agentes y tramitadores: una red con roles definidos

El escrito fiscal señala de manera directa al exdirector William Iván Rojas Giraldo como uno de los ejes de la operación, acusándolo de abusar de sus atribuciones oficiales para facilitar trámites irregulares y beneficiarse económicamente. A su lado, funcionarios como Leonardo Vargas Torres, Carlos Alonso Rodríguez Berrio y Juan Nicolás Barrera Grillo desempeñaban presuntamente tareas clave de falsificación documental y gestión indebida de licencias.

Por otro lado, personal técnico y contratistas como Luisa Fernanda Calderón, José Jamer Morales, Jhon Weimer Varón y Jhonatan Martínez tenían a su cargo la logística interna de extracción de bienes. La Fiscalía logró documentar que estos individuos apagaban los sistemas de vigilancia para ejecutar el hurto de motocicletas bajo modalidades como el ‘halado’, logrando sacar vehículos pesados e inmovilizados a plena luz del día.

El esquema requería además la participación de intermediarios externos y particulares. Manuel de Jesús Salamanca, Héctor Fernando Chavarro y Luis Alfredo Samboni actuaban como los encargados de movilizar y retirar los vehículos de los patios de la institución, sirviendo de enlace entre la red corrupta y los terceros interesados en saltarse las normativas de tránsito.

Las maniobras para burlar la ley y el sistema oficial

Las artimañas de esta organización abarcaban prácticamente todos los servicios que ofrecía el instituto. Los implicados realizaban actividades al margen de la ley dirigidas al enriquecimiento personal, afectando gravemente la fe pública.

Entre los métodos más recurrentes descubiertos por los investigadores destacan:

  • Tráfico de licencias de conducción: expedición de pases sin cumplir los requisitos legales ni realizar los cursos obligatorios.
  • Alteración en el RUNT: eliminación de vehículos e infractores del sistema de registro nacional.
  • Falsificación documental: duplicación de recibos de pago y emisión de avalúos con fechas adulteradas para la firma del exdirector.

La fiscal del caso enfatizó que la estructura operaba con vocación de durabilidad en el tiempo, comportándose como una organización privada enquistada dentro de la administración municipal, donde cada trámite legal tenía una tarifa paralela y clandestina orientada al enriquecimiento ilícito de sus integrantes.

Pruebas contundentes: interceptaciones y víctimas al descubierto

El contundente material probatorio recabado por las autoridades incluye más de una docena de interceptaciones telefónicas autorizadas, análisis de bases de datos y testimonios clave de víctimas que fueron objeto de exacciones ilegales. Los sabuesos judiciales lograron reconstruir paso a paso más de 20 eventos delictivos específicos ocurridos en la sede de Intrapitalito.

Entre los hechos detallados figuran episodios registrados en diciembre de 2023, cuando en cuestión de minutos y en diferentes horarios, miembros de la banda se apoderaron de varias motocicletas en custodia mediante maniobras engañosas. Estos sucesos contaron con la complicidad de informantes internos como Guido Alexander Galindez, quien alertaba sobre cuáles bienes podían ingresar al sistema para luego ser devueltos de manera fraudulenta.

Aunque la audiencia formal de acusación prevista ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito tuvo que ser reprogramada por cruces de agenda judicial, la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva se ratifica en formular cargos por delitos tan graves como concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

El contexto: la crisis de confianza institucional en Pitalito

Este escándalo representa uno de los golpes más devastadores a la institucionalidad del sur del Huila en los últimos años. Intrapitalito, una entidad creada para velar por la seguridad vial, el ordenamiento del transporte y la protección de la vida en las vías, terminó percibida por la ciudadanía como una cueva de irregularidades donde el derecho se vendía al mejor postor.

Los hechos investigados entre 2022 y 2024 reflejan una problemática estructural en los organismos de tránsito de ciudades intermedias, donde la falta de controles internos rigurosos y la complicidad entre funcionarios de libre nombramiento y particulares facilitan el surgimiento de redes clientelares y delictivas de alto impacto socioeconómico.

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Un hito judicial que busca sentar un precedente

El llamado a juicio formal contra el exdirector William Iván Rojas Giraldo y los otros procesados marca un hito en la lucha contra la corrupción pública en la región. Las penas a las que se enfrentan los acusados podrían superar ampliamente una década de prisión, dada la gravedad y pluralidad de conductas punibles investigadas.

La sociedad de Pitalito y la opinión pública regional aguardan ahora el inicio formal del debate probatorio en estrados judiciales, con la esperanza de que el proceso no quede en la impunidad y sirva como una advertencia categórica contra quienes intenten convertir los recursos e instituciones del Estado en un botín personal.

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