Las autoridades judiciales han dictaminado que la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca, ocurrida en octubre de 2002, constituye un crimen de lesa humanidad. Esta grave calificación ha impulsado a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación penal.
El proceso judicial se dirige contra Luis Alberto “Lucho” Herrera, exciclista profesional, y su hermano Rafael Herrera Herrera. Ambos están señalados de participación directa en estos hechos, según una providencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá del 7 de abril de 2025.
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La investigación cobró notoriedad el 28 de enero de 2026, cuando la Fiscalía anunció la apertura formal de la indagatoria. Esta decisión se tomó tras reunir varios testimonios y elementos clave para esclarecer la presunta responsabilidad de los hermanos Herrera en el caso.
Uno de los testimonios más relevantes provino de un exparamilitar conocido bajo el alias de Ojitos, según reportó Noticias Uno. Este individuo relató detalles sobre el encargo recibido por parte de Lucho Herrera.
Ojitos declaró: “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”.
Otro implicado en el grupo armado, identificado como ‘Menudencias’, aportó detalles escalofriantes sobre el destino de las víctimas. Estas habrían sido asesinadas y sepultadas en predios vinculados a la finca de Herrera.
En su declaración, reproducida por el mismo medio, precisó: “Metimos dos en el platón y dos adelante, los inhumanos en la vía Novilleros al Aguadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”.
Las afirmaciones de ambos paramilitares, quienes aseguraron haber actuado por encargo de Herrera, también señalaron la supuesta entrega de 40 millones de pesos. Este dinero estaba destinado a la compra de armas y motocicletas para el grupo armado involucrado.
Las investigaciones judiciales permitieron que, en 2008, los cuerpos de dos de las víctimas fueran hallados en Silvania, Cundinamarca. Tras el trabajo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), fueron entregados a sus familiares en diciembre de 2025.
La Fiscalía indicó que la identificación se logró mediante el análisis de muestras biológicas, mientras persiste la búsqueda de los dos campesinos restantes. Paralelamente, durante la instrucción penal por desaparición forzada, se sumó un nuevo cargo contra Rafael Herrera Herrera.
Este nuevo cargo es por el delito de “acceso carnal violento” contra una menor de edad. La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, informó el 28 de enero que la posible agresión sexual habría quedado al descubierto como parte de las pesquisas relacionadas con la actividad de los hermanos Herrera Herrera en la región del Sumapaz, en el periodo investigado.
Los dos acusados serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria programada para el 6 de febrero por el delito de desaparición forzada. Las investigaciones sobre los demás cargos señalados por la Fiscalía General de la Nación continúan avanzando.
Defensa de Herrera
Las recientes acciones judiciales que involucran al exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera han generado reacciones en su entorno más cercano. Sus defensores insisten en que el proceso legal parte de información equivocada y buscan esclarecer los hechos.
El abogado Hernando Benavides, apoderado de Herrera, señaló ante El Tiempo que, por tratarse de un caso cubierto por la ley 600, no tiene permitido dar declaraciones públicas sobre el fondo del proceso. Sin embargo, sí confirmó detalles importantes.
Benavides confirmó que fue la propia defensa del campeón de la Vuelta a España en 1987 quien solicitó la indagatoria ante la Fiscalía. Buscan exponer con claridad la conducta del exciclista y desmontar las “falsas versiones” que, a su juicio, motivaron una “sentencia anticipada”.
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